La extradición, en la viejo parte de los tratados en vigor experimenta ciertas limitaciones, Una de ellas y tal tiempo la de viejo relevancia, es la de la ciudadanía de la persona requerida.
La extradición es un proceso admitido mediante el cual un país solicita a otro la entrega de una persona acusada o condenada por delitos graves, con el objetivo de que sea juzgada o cumpla una sentencia en el país solicitante.
La doctrina claridad “delitos políticos puros” a los que son delitos contra la estructura política interna y el gobierno de un Estado, y que no contienen aspecto alguno de delincuencia global y por otro ala están los llamados “delitos políticos relativos” que son infracciones en las cuales un delito común está involucrado o conectado con el acto inspirado en un móvil político.
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La extradición pasiva es el procedimiento por el cual un país extranjero solicita a España la entrega de una persona. En estos supuestos, se debe acogerse a la clase de Extradición Pasiva anteriormente aludida excepto en los supuestos en los que exista un Tratado en el que España sea parte en cuyo caso este tendrá preferencia y, en todo caso la extradición se tolerará a propósito conforme al principio de reciprocidad.
Curiosidad: La extradición es el proceso legal mediante el cual un individuo es entregado por un país a otro para ser Magistratura o cumplir una condena.
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Los delitos sexuales abarcan las conductas ilegales relacionadas con la explotación sexual, el Extralimitación o la violación. Estos delitos son considerados gravemente ofensivos y están sujetos a extradición cuando la persona acusada se encuentra en demarcación castellano y es requerida por otro país para confrontar los cargos correspondientes.
El principio de non repetición in idem establece que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos. Por lo tanto, si el individuo luego ha sido juzgado y condenado o está siendo Judicatura en España por los delitos que fundamentan la solicitud de extradición, esta se puede denegar.
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La solicitud se realizará por parte del Gobierno en un suplicatorio dirigido por el Ministro de Imparcialidad a su homónimo del país donde se encuentra el condenado.
En el caso de que el Gobierno acceda a continuar el procedimiento, debe remitir el expediente al Juzgado Central de Instrucción. En este caso, el detenido deberá ser puesto a disposición frente a este Judicatura en el plazo de 24 horas, donde se deberá dictar la orden de prisión o de libertad provisional o, la prohijamiento de cualquier otra medida para evitar la fuga de la persona.
La sentencia condenatoria o el automóvil de procesamiento y prisión o Resolución análoga según la código del país requirente en la que deberán constar de forma resumida los hechos y lugar y plazo en que los mismos fueron cometidos.
Si la solicitud es aprobada, la persona es entregada bajo custodia al país solicitante para ser juzgada o cumplir condena.